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Conclusiones del II Simposio Nacional de Clubes Náuticos

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El magistrado Antoni Garcias recomienda a los clubes que redacten un código ético

29 de noviembre de 2015

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma disertó sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y advirtió que las penas por corrupción en la gestión de empresas pueden ser elevadas e incluso conllevar su cierre.

El juez magistrado Antonio Garcías Sansaloni analizó también en el marco de este Simposio Nacional de Clubes Náuticos las responsabilidades de las personas jurídicas y de los directivos de los clubes náuticos a raíz de la última reforma del Código Penal que señala que los delitos en beneficio de una sociedad vinculan a la persona jurídica.

 

El magistrado enumeró los delitos que podrían afectar a una personalidad jurídica como es un club náutico en caso de una mala gestión de sus administradores “contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, contra el medio ambiente y delitos de corrupción, por ejemplo cohecho para obtener una concesión”, aclaró el magistrado.

 

Antonio Garcías Sansaloni puso de relieve que la personalidad jurídica tendría que responder solidariamente de la pena que se imponga a sus administraciones “se puede cerrar el local social o incluso cesar la actividad de la sociedad”, dijo.

 

Para protegerse de este eventual problema, Garcías Sansaloni instó a los clubes náuticos a poner barreras en forma de protocolos de actuación. “Al igual que hacen las grandes empresas, deben contar con un código ético y un órgano de control independiente que vele por las buenas prácticas”, concluyó.

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